La grabación de una llamada muestra supuestas presiones a la exencargada de Recursos Humanos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Fabiola Salas Leal, para que cambiara de criterio respecto a la contratación de María José Arias Molina, hija del exdiputado liberacionista Rafael Arias Fallas (periodo 1998-2002).
En el audio, Carlos Bolaños Alfaro, asesor legal de la directora ejecutiva, Karen Porras Arguedas, le pide a Fabiola Salas “discutir y ver cómo acomodarlo para contratar a esa persona”.
Bolaños le habría solicitado “ayuda” a Fabiola Salas para dejar sin efecto un oficio en el que ella concluyó que la hija del exdiputado incumplía los requisitos para el cargo.
El asesor le dijo: “Hagamos algo, como dijo la jefa, pon un correo diciendo que por error se mandó ese oficio y se enviará el oficio correcto, ya sea que lo mantengás o no, pero antes de mandarlo, veámoslo, discutámoslo y vemos si se mantiene su criterio o existe algún huequito en el cual nos podamos meter”.
Al parecer, el oficio al que hizo referencia el asesor es el número RH-FS033-29082023. En ese documento del 29 de agosto de 2023, la entonces jefa de Recursos Humanos explicó a Karen Porras que el nombramiento que le solicitaron realizar no procedía, debido a que la postulante no cumplía con los requisitos básicos.
Fabiola Salas detalló que se trataba de un nombramiento interino en la plaza de asistente de la directora ejecutiva, para el cual era necesario tener, como mínimo, una licenciatura en Administración de Empresas.
Apenas dos días después, el 31 de agosto, Salas renunció a su puesto.
En su carta de dimisión, alegó haber recibido reclamos y presiones por parte del asesor legal y la directora ejecutiva de la UNGL, luego de oponerse al nombramiento de María José Arias, hija del exlegislador.
“Posterior al envío de dicho correo, el 30 de agosto, recibí reclamos por parte del asesor legal y presión por parte de la Dirección Ejecutiva, donde por medio de intimidación y abuso de poder, se me solicitó dejar sin efecto el mencionado oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”, alegó Salas.
En el documento, la exfuncionaria detalló que fue la Dirección Ejecutiva la que le pidió de manera verbal contratar a Arias.
Agregó que su permanencia en el puesto comprometía sus valores, principios éticos y personales, ya que su criterio legal no era respetado y, al contrario, era invalidado.
La Nación intentó contactar a Carlos Bolaños para consultarle a qué se refería con el “huequito” que sugirió y por qué le pidió a Salas cambiar su criterio; además, se le solicitaría aclarar si, al mencionar “la jefa”, se refirió a Karen Porras. Sin embargo, el funcionario no respondió los mensajes.
De igual manera, desde el pasado 11 de setiembre, este medio pidió una entrevista a Porras, pero la directora de la UNGL no accedió a dar una cita.
Este jueves 28 de setiembre, se le remitió el audio y varias preguntas al respecto, pero hasta al cierre de esta información no había contestado.
La Nación mostró la grabación a José Miguel Jiménez Araya, alcalde de Río Cuarto y representante de Alajuela en la Unión de Gobiernos Locales. El edil confirmó que la voz y la fotografía corresponden a Carlos Bolaños, asesor legal de la Dirección Ejecutiva.
Jiménez explicó que le habían comentado anteriormente de la existencia del audio, por lo que empezó a indagar sobre el tema y apoyó la moción que aprobó el pasado 6 de setiembre el Concejo Directivo de la UNGL, para contratar una auditoría externa que investigue la gestión de Porras.
“Hay que averiguar la verdad real de los hechos, hacer un procedimiento administrativo, pero de ser así, como se escucha, es una coacción, una intimidación a dejar un criterio técnico, por un criterio ya no tan técnico. Sabiendo de esto, yo en la próxima junta directiva voy a pedir la apertura de una investigación preliminar”, declaró el representante alajuelense.
Este medio buscó hablar con José Bernardino Rojas Méndez, presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires. Se le remitió el audio y se le solicitó una entrevista telefónica, a lo cual accedió. Sin embargo, explicó que estaba en una reunión y podría hablar hasta que finalizara.
Al momento de esta publicación, no ha sido posible hablar con él.
En una entrevista el pasado 6 de setiembre, Rojas reconoció que la Junta Directiva ha recibido quejas relativas al cobro de horas extra y la renuncia de funcionarios.
“Lo correcto es tener un estudio externo sobre el potencial humano y la ejecución presupuestaria. Eso nos permitirá salir a la luz pública con documentos que sustenten si lo que se dice en la calle es veraz o no, porque en este momento se está hablando sobre supuestos. Vamos a proceder responsablemente”, declaró el presidente de la organización.
Rojas afirmó que buscará que el informe de auditoría esté listo antes de las próximas elecciones municipales, que se realizarán en febrero del 2024.
La Nación también contactó a Fabiola Salas; sin embargo, la exfuncionaria dijo que no deseaba comentar nada sobre el tema.
El pasado 25 de setiembre, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) envió una carta a la Contraloría General de la República (CGR) en la cual solicitó indagar nombramientos, contrataciones y uso de dinero proveniente de cooperación internacional en la UNGL.
La bancada socialcristiana cuestionó el gasto de más de ¢1.500 millones en asesorías y el manejo de $3 millones provenientes de cooperación internacional.
“Es realmente preocupante la falta de transparencia en el uso de recursos públicos de la UNGL, y se desconoce si estos recursos están siendo utilizados para fortalecer el trabajo municipal y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las comunidades.
“Esperamos que la Contraloría realice una investigación exhaustiva de este caso”, declaró el congresista Horacio Alvarado, quien fue alcalde de Belén.
La misiva fue firmada por los nueve congresistas que integran la fracción del PUSC.